Perú y su lucha contra la corrupción
América Latina tiene un grave problema de percepción de la corrupción. Países como Perú o como México, no se encuentran bien calificados. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, Perú ocupa el lugar 37 y México ocupa el 29. Sin embargo, en las últimas fechas, la justicia peruana nuevamente puso el ejemplo de cómo castigar y atender el problema de la corrupción, especialmente entre las altas esferas políticas.
Hace unos días la polémica líder política, Keiko Fujimori, fue detenida por a petición de la fiscalía peruana, ya que se ha vinculado su más reciente campaña por la presidencia de su país a la trama de corrupción más grande de los últimos años: el Caso Odebrecht. Explicado en corto, la empresa brasileña del mismo nombre durante treinta años sobornó a altos funcionarios públicos, incluidos presidentes, en toda América Latina. Brasil, Argentina, Perú, México, y otros países, formaron parte de la enorme trama que conmocionó los medios y a los tribunales de esos países. En Perú, Todos los ex-presidentes vivos tienen problemas con la justicia, incluido el último, Pedro Pablo Kuczynski, quien por sus nexos con el caso de Odebrecht se vio obligado a renunciar al cargo, en marzo de este año.
Antes de su renuncia, el congreso peruano trató de destituir a Kuczynski. Éste buscó ganar el favor de la influyente Keiko Fujimori, líder de la oposición, perdonando a su padre, Alberto Fujimori, quien estaba encarcelado por crímenes de lesa humanidad. Alberto Fujimori fue presidente de Perú durante los años noventa y su gobierno se caracterizó por enfrentar la crisis económica en su país, así como también atender problemas sociales con violencia. Debido a otra trama de corrupción y de lavado de dinero, el entonces presidente abandonó el país, y no regresó más que para ingresar directamente a la cárcel. Pese a su largo historial, muchas personas le tienen cierto aprecio, y eso ha sido la fuente del apoyo político que han recibido sus hijos, hoy plenos actores de la política peruana.
La vida política de Perú ha sido agitada y complicada. Tramas familiares intensas, así como una constante al lavado de dinero y a la corrupción, han fomentado que se tenga poca confianza en los actores políticos. Especialmente la justicia peruana no ha mostrado afecto ante líderes con actuación ilegal. El miércoles pasado Keiko Fujimori fue detenida después de un interrogatorio, debido a una investigación en la que se vinculó ciertos fondos de su última campaña presidencial a los sobornos realizados por la empresa brasileña. De ser verdad, el vínculo con el Caso Odebrecht sería incluso más fuerte e importante que el del expresidente Kuczynski, y se sumaría a uno de los muchos delitos que se le atribuyen a la familia Fujimori. Por lo pronto, el padre de Keiko permanecerá en prisión, pues su indulto fue anulado a inicios de este mes.
No solo escandaloso es saber que todos los expresidentes peruanos tienen problemas con la justicia, sino que es admirable cómo la justicia ha tenido que batallar contra ellos. Ollanta Humala, presidente previo a Kuczynski, se encuentra en situación de detenido por supuesto lavado de activos. El presidente anterior, Alan García, es investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Alejandro Toledo, quien antecedió a todos, vive en Estados Unidos y ha recibido una petición de extradición de la justicia peruana, pues se le acusa de haber recibido millonarios sobornos por parte de la constructora Odebrecht. Alberto Fujimori, está detenido en su vejez por haber cometido violaciones contra los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Por último, Francisco Morales, quien gobernó hace ya más de treinta años, fue condenado a cadena perpetua por la justicia italiana por la participación de su gobierno en actividades ilícitas junto con otros gobiernos militares de la época.
Perú ocupa el lugar 37 en el Índice de Percepción de la Corrupción. En otras palabras, se encuentra a lejanos ocho lugares de México, donde el problema es visto por la sociedad y las empresas como peor. Sin embargo, pocos son los casos sonados de enjuiciamiento a políticos corruptos, e incluso los más importantes como el caso del ex-gobernador de Veracruz, Javier Duarte, han presentado irregularidades que facilita su defensa.
México y Perú enfrentan problemas comunes: la corrupción. Acostumbrada de América Latina, este cáncer penetra las distintas capas sociales y políticas de ambos países. Sin embargo, la forma en que se atiende el problema, es radicalmente diferente. En Perú se ha empezado a atender citando a los responsables en tribunales. En México, o la percepción es incorrecta o la justicia no está funcionando con tal efectividad.