Por Cristopher Echenique (@Echenique_Mx)
El pasado ocho de marzo, un incendió devoró el centro Hogar Seguro Virgen de La Asunción, un albergue ubicado en la localidad de San José Pinula, a unos 21 kilómetros al sureste de la Ciudad de Guatemala, incidente que cobró la vida de 40 niñas. Ni 36 horas habían transcurrido de aquella tragedia, cuando llegó una orden judicial para regresar a un niño a esas mismas instalaciones.
Una de las hipótesis, es que el incendio pudo haber sido provocado por las propias internas al prender fuego a sus colchonetas como forma de protesta por los abusos sexuales y otros vejámenes que sufrían al interior de aquel albergue, cuyas condiciones eran peores a las de una cárcel.
Los familiares denunciaron ante medios, que en el centro residían más de 700 menores, pese a que su capacidad es para 400.
Dos días antes, más de cincuenta internos habían intentado escapar del centro. Sólo 19 lo lograron, pero más tarde fueron detenidos por la policía y devueltos al centro, dónde los "cuidadores" decidieron encerrarlos bajo llave. El origen de esta tragedia fue la búsqueda de la libertad.
Esta casa hogar fue fundada hace siete años por el Gobierno guatemalteco. En ella viven, sin protocolos de atención diferenciada, niños y niñas, huérfanos o abandonados, víctimas de trata o de violencia intrafamiliar, menores infractores, algunos señalados como presuntos responsables de extorsión o asesinato, y miembros de pandillas cuyos padres decidieron que no tenían la capacidad para hacerse cargo de ellos. El 90% de los habitantes del hogar tienen padres o familiares cercanos, pero la mayoría se encuentran encarcelados.
Según investigaciones, desde que se abrió el hogar, dentro de sus muros de aspecto carcelario habían sucedido demasiadas historias de abuso y violencia: golpizas, trata, violaciones y hasta un asesinato.
En un comunicado el gobierno del presidente Jimmy Morales, responsabilizó al Poder Judicial por lo ocurrido:
“Previo al siniestro, se solicitó a los órganos jurisdiccionales el traslado inmediato de los menores en conflicto con la ley a otros centros de privación de libertad para evitar consecuencias mayores".
“El gobierno de Guatemala lamenta que no se atendiera esta petición en el momento oportuno, acción que pudo haber evitado la tragedia que hoy lamentamos todos los guatemaltecos”.
A la fecha, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia se ha negado a informar sobre la identidad y formación profesional del personal que laboraba en el centro. También se negó a acatar la resolución de un juez de menores que en diciembre ordenó mejorar las condiciones de vida de los internos.
Lo que más duele es pensar que aquel incendio que cobró la vida de aquellos que eran los más vulnerables —niños que habían sido víctimas de maltrato sistemático, muchos desde su nacimiento— fue un desenlace trágico que fácilmente pudo haberse evitado si las autoridades hubiesen tomado acción ante los reclamos que se venían presentando desde meses atrás.
