Se alzan voces contra Trump, frente a muerte de niños migrantes en custodia estadounidense
Las muertes de niños migrantes en recientes semanas bajo custodia estadonunidense han provocado una tormenta de críticas contra el Servicio de Control de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende dicha agencia.
Amy Goodman y Denis Moynihan *
En Nochebuena, Felipe Gómez Alonzo, un niño guatemalteco de 8 años, dio su último suspiro. Había estado cerca de una semana bajo custodia del Servicio de Control de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Murió a las 23:48 del lunes 24 de diciembre, en el Centro Médico Regional Gerald Champion de Alamogordo, Nuevo México. No llegó a la Navidad.
Ese mismo día, el ataúd con el cadáver de Jakelin Caal Maquin, de 7 años de edad, llegó a la aldea guatemalteca de San Antonio Secortez, de donde era originaria. La niña murió el 8 de diciembre, tras pasar un día bajo custodia del mismo Servicio de Aduanas, también en Nuevo México. Dos niños muertos en tres semanas. El presidente Donald Trump no ha cesado de tuitear sobre asuntos de inmigración y cuestiones fronterizas e, incluso, en Navidad habló una vez más acerca del muro: “Un muro, una valla, como quieran llamarlo, pero se trata de lo mismo. Es una barrera para que los traficantes de droga no entren a nuestro país. Es una barrera contra las drogas”. Pero Trump nunca mencionó a ninguna de estas dos jóvenes víctimas de la crueldad de las políticas de inmigración de su gobierno.
Felipe y su padre fueron detenidos el 18 de diciembre, a algunos kilómetros del puesto de control fronterizo Paso del Norte en El Paso, Texas. Según el Servicio de Control de Aduanas y Protección Fronteriza, fueron retenidos en el puesto de control durante dos días y el 20 de diciembre fueron trasladados a un centro de detención de la Patrulla Fronteriza en El Paso. Dos noches después fueron conducidos hacia el centro de detención de la Patrulla Fronteriza en Alamogordo, Nuevo México, a 145 kilómetros de distancia, a donde llegaron alrededor de la una de la madrugada del 23 de diciembre. A las nueve de la mañana del 24, Felipe estaba con tos y tenía “los ojos vidriosos”. Fue llevado al centro médico con una fiebre de 39° C. Se le recetó un antibiótico e ibuprofeno, y fue enviado nuevamente a un centro de custodia de la Patrulla Fronteriza: esta vez, Felipe y su padre fueron llevados a un remoto puesto de control en medio de la Ruta 70 de Estados Unidos, más de 32 kilómetros al oeste de Alamogordo. Felipe comenzó a vomitar y ya a las 10 de la noche pasó a un estado letárgico. Fue llevado de regreso al hospital, donde murió poco antes de la medianoche.
Las muertes han provocado una tormenta de críticas contra el Servicio de Control de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende dicha agencia. Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional, compareció ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el 20 de diciembre —tras la muerte de Jakelin, pero mientras Felipe todavía estaba detenido. Hank Johnson, congresista demócrata de Georgia, le pidió que hiciera una estimación de cuántos niños, niñas y adolescentes habían muerto bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional. Nielsen respondió inicialmente con evasivas y luego dijo que no iba a dar una cifra estimada “bajo juramento”:
Congresista Hank Johnson: “¿Cuántos niños, de diecisiete años de edad o menores, han muerto bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o el Servicio de Control de Aduanas y Protección Fronteriza desde que asumió el cargo?”.
Secretaria Kirstjen Nielsen: “Me comunicaré con usted más adelante con respecto a esa cifra, pero lo que puedo decirle es que hemos salvado a 4.200 inmigrantes que…”
Johnson: “¿Me puede dar una cifra aproximada?”
Nielsen: “Se la diré más adelante. No voy a hacer una estimación bajo juramento”.
El representante David Cicilline, demócrata de Rhode Island, le preguntó entonces: “Al día de hoy ¿no sabe cuántos seres humanos han muerto bajo la custodia del departamento que dirige? En la preparación para las audiencias de hoy ¿no verificó esa cifra? ¿Al día de hoy no la sabe?”. La secretaria Nielsen admitió que no tenía la cifra exacta. El representante demócrata saliente Luis Gutiérrez, de Chicago, los trató de mentirosos a ella y a su jefe, Donald Trump, y abandonó la cámara mientras Nielsen intentaba refutar sus comentarios.
En una entrevista para Democracy Now!, Baher Azmy, director legal del Centro por los Derechos Constitucionales, declaró: “Estas y otras muertes en la frontera provienen de la política disuasoria del gobierno de Trump. Quieren que el ingreso de las personas al país sea lo más difícil posible y, en cierto punto, están satisfechos con los informes de las horribles condiciones en ambos lados de la frontera y las muertes”. Baher Azmy, junto con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la organización Southern Poverty Law Center, presentó una demanda para bloquear el decreto de Trump que prohíbe que los migrantes que ingresen a Estados Unidos a través de la frontera sur por fuera de los pasos fronterizos oficiales puedan solicitar asilo. El viernes, la Corte Suprema estadounidense, en una votación de 5 contra 4, ratificó un amparo judicial que bloquea la prohibición de asilo. La magistrada Ruth Bader Ginsburg, que se encuentra hospitalizada, recuperándose de una cirugía en la que le extrajeron dos tumores de uno de sus pulmones, emitió su voto desde el hospital de Nueva York en el que está internada. Sorpresivamente, el presidente de la Corte, John Roberts, emitió el voto decisivo y se unió a los magistrados liberales.
Baher Azmy agregó: “Estas personas [están] huyendo de condiciones de violencia y privación, en parte creadas por este país. Que se encuentren con la exclusión por parte de este gobierno, por problemas de los que somos en parte responsables, y que se les niegue a estos seres humanos su deseo de libertad para reunirse con sus seres queridos y buscar una oportunidad, es el colmo de la crueldad y la arbitrariedad”.
El encarcelamiento masivo de solicitantes de asilo, que en algunos casos conduce a la muerte, no es una política creada por el gobierno de Trump. La ACLU y Human Rights Watch, en dos estudios diferentes, documentaron cerca de 40 muertes de inmigrantes adultos bajo detención en Estados Unidos entre 2010 y 2015, durante el mandato del presidente Barack Obama. Pero el racismo que conllevan las políticas de inmigración de Trump es nocivo y criminal. Todos los habitantes de este país a los que les importa el prójimo, sean ciudadanos o no, deben exigir que no se produzca ni una muerte más de solicitantes de asilo detenidos bajo custodia de las agencias de seguridad de Estados Unidos.
© 2018 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
* El contenido original de este programa está bajo una licencia de Estados Unidos de Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0. Es publicajdo por democracynow.org.
