Estamos a apenas unos días de las elecciones más importantes en la historia moderna de México. Se espera que alrededor de 89 millones de ciudadanos salgan a las urnas para renovar más de 3,400 cargos a nivel local y federal.

A la complejidad de estos comicios, debemos sumarle el ambiente de violencia política que ha caracterizado esta jornada. Cada día nos enteramos de nuevos casos de candidatos a puestos de elección popular que son asesinados. Existe una correspondencia de estos desafortunados eventos con las zonas del país que más violencia registran. Sin embargo, estas cifras son alarmantes y nunca antes vistas incluso en esos contextos.

Sin duda, la explicación a dicho fenómeno es multifactorial y va desde casos de políticos que pactaron con grupos del crimen organizado e incumplieron alguna parte del acuerdo, hasta aquellos que no quisieron pactar y por eso los asesinaron. Están también los que no tenían relación alguna con ningún grupo delictivo y, la instrucción de aplicar violencia letal, vino de esos actores políticos para quienes representaban una oposición.

De acuerdo con datos de la consultora Etellekt, el 80% de los homicidios fue de opositores de los partidos que gobiernan los estados. Las entidades que concentran más casos son: Guerrero con 24, Oaxaca con 18, Puebla con 13 y Veracruz con 8 casos. También destaca que la coalición PRI-Verde-PANAL es la que más asesinatos ha registrado con 43.

Estamos frente a un sistema que deja ver una incapacidad para cuidar de sí mismo y que hace mucho dejó de cuidar del ciudadano. Ante este escenario de violencia que parece no cesar, y por el contrario, se intensifica, me pregunto: ¿cómo podrán las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar la seguridad de quienes saldremos a emitir nuestro voto el próximo 1 de julio, si los mismos que encabezan dichas instituciones se han encargado de generar un ambiente de polarización que propicia escenarios de violencia como estrategia para permanecer en el poder?

Las campañas terminan en unos días, pero con ellas no termina nuestro deber de participar en la vida democrática del país. Proponemos ver el primero de julio, no como un final, sino como un inicio. El inicio de la renovación democrática de poderes en el que nosotros, los ciudadanos, habremos de adoptar un papel más activo como sociedad crítica pero propositiva. Una sociedad que no tenga miedo a exigir a los partidos, políticos y gobiernos, el cumplimiento de sus obligaciones. Hoy lo mínimo que exigimos los ciudadanos es que los tres niveles de gobierno garanticen la seguridad durante la jornada electoral para que la violencia no impida la instalación de casillas y la participación ciudadana.