La violación a los derechos humanos en México no es nueva. Sin embargo, durante los últimos seis años, en parte debido al fracaso de la estrategia de seguridad pública del presidente Felipe Calderón, los abusos cometidos han aumentado. Los estimados 60 mil muertos, 24 mil desaparecidos de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y 160 mil desplazados según datos del Alto Comisionado de las Organizaciones Unidas para Refugiados (ACNUR) son indicadores de la crisis que azota al país. La cuestión debe interesarnos porque la violencia se hace presente cada vez en más estados (las fosas comunes de Durango y Tamaulipas, los decapitados en Acapulco, los 49 torsos en Nuevo León, los feminicidios en Ciudad Juárez) y también porque, de acuerdo con la CNDH, 98.5% de estos delitos quedan impunes. La Ley General de Víctimas propuesta por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) busca reducir dicha estadística. Silvano Cantú, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos explica que entre otras cosas, esta nueva legislación, exige que el gobierno se responsabilice y responda por los actos de violación a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado. De igual forma, busca brindarle asesoría jurídica gratuita a las víctimas mediante la creación de instituciones autónomas, flexibilizando así el proceso legal para levantar una denuncia.
La Ley General de Víctimas fue aprobada el 30 de abril por unanimidad en el Congreso de la Unión, sin embargo, no ha sido publicada porque el 1º de julio pasado, el Ejecutivo Federal presentó, de manera extemporánea, una serie de observaciones que la vetaban. Silvano Cantú explicó que en sus observaciones, el presidente Felipe Calderón detallaba que no se tienen los fondos para financiarla, “aunque probablemente el presidente se niega a aceptarla porque al hacerlo estaría reconociendo tanto los crímenes cometidos por parte del Estado, como la falta de entereza de su administración para juzgarlos. Asimismo, con su veto está cuestionando la autoridad de los otros Poderes de la Unión y quebrantando la promesa pactada en el Alcázar de Chapultepec”.
Para contrarrestar las opiniones negativas que surgieron al vetar la Ley general de Víctimas, el presidente Calderón presentó el 31 de agosto la iniciativa de una Ley General de Atención y Protección a Víctimas, lo que intensificó la molestia para algunos sectores: “La iniciativa es una falta de consideración hacía las víctimas, ya que las convierte en destinatarios pasivos de medios asistenciales subordinados al Estado”, afirmo Silvano Cantú, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Mientras tanto, el conflicto se mantiene, la violencia sigue en ascenso y los familiares de los asesinados o desaparecidos en el territorio nacional, continúan sin recibir justicia.
Fotografía obtenida de: http://impacto.mx/gimme/medium/62104.jpg