En diciembre de 2006, el periódico sueco The Sunshine Press, colocó en el ciberespacio el sitio web WikiLeaks (“filtraciones rápidas”) nombre inspirado en la famosa enciclopedia libre. Julian Assange, fundador de esta organización periodística, manifestó que la apertura de este portal fue con el objetivo de dar a conocer a la opinión pública documentos clasificados como secretos por los distintos gobiernos del mundo.
Los golpes “informativos” asestados por WikiLeaks principalmente al gobierno de Estados Unidos, han cimbrado su estabilidad política y económica; tanto así que el departamento de Estado y las agencias de inteligencia de la nación vecina, hicieron todo lo posible por disminuir el poder de penetración de dicha organización periodística.
Para la realidad mexicana, no hay la menor duda que WikiLeaks vino a darle una nuevo aliento a la discusión del derecho de las personas a estar debidamente informadas. ¿Qué puede ser secreto y qué es información pública? Se supone, que el artículo sexto constitucional consagra a todo ciudadano la garantía del derecho a la información, piedra angular del ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, en recientes semanas hemos sido testigos que el llamado derecho a la información está condicionado por el mercado y por la discrecionalidad del ejercicio del poder político.
¿En México en verdad está garantizado el derecho a la información?