Probablemente no sabías de este documento, sin embargo, sí deberías preocuparte ya que puede que tu universidad esté dentro de las 191 que firmaron este acuerdo con la Secretaría de Gobernación.

Fue apenas el 14 de marzo de 2018 que, en una conferencia en el Salón de Revolución de la misma dependencia, se reunieron el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y Jaime Valls, secretario general de la ANUIES, junto con rectores de distintas universidades públicas del país; incluidas la UNAM, el Politécnico y la Autónoma de Nuevo León.

En este encuentro, la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) y la SEGOB firmaron un convenio de colaboración para coordinar acciones de prevención social del crimen, de la violencia de género y del respeto a los derechos humanos.

Navarrete Prida aseguró que la firma de este convenio resultaba importante, ya que “se basa en el intercambio de información técnica, en formas de coordinación de respeto a las autonomías”. Dentro de la conferencia se propuso que las policías tengan la facultad de operar dentro de los campus en caso de ser necesario. Por su parte, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls, se pronunció en contra de que la Policía Federal intervenga dentro de las universidades.

“Bueno, en realidad, lo que estaría haciendo es lo contrario: facilitar la entrada de la Policía Federal a los campus universitarios y, en un principio, todo indica que es un contrasentido llegar a un acuerdo con Gobernación para la aplicación de la ley, porque entonces el mismo Gobierno está considerando que en los esquemas de procuración de justicia local, que investigan y persiguen delitos, en el ámbito ordinario, no están haciendo su trabajo”, comenta Erubiel Tirado, especialista en seguridad y coordinador académico del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, en entrevista para Ibero 90.9.

Puede que las medidas adoptadas en el convenio no respondan a una solución eficaz: se está hablando de la prevención de delitos de narcomenudeo, o incluso hasta posesión de armas. “A mí me parece más bien una reacción, aunque propagandística, demasiado exagerada, pero de entrada también lo que nos hace suponer es que hay fallas estructurales en el esquema de la protección a la sociedad en general, pero particularmente en el seguimiento de lo que ocurre en el campus universitario”, añade Erubiel Tirado.

La Secretaría de Gobernación tiene “claro que en el país no puede haber ínsulas y que la amenaza de los fenómenos delictivos, particularmente de uno, que es el aumento en el consumo de drogas en nuestros jóvenes, no solamente amenaza a las instituciones educativas, amenaza a la célula básica de la sociedad, que son las familias, de tal forma que la única manera eficaz de combatirlo no es necesariamente la represión sobre el consumo”, como lo indicó su titular.

Dentro de la firma del convenio, el secretario general de ANUIES, Jaime Valls, también propuso crear un Centro de Documentación y Prospectiva para la prevención del delito, que, comenta: “permita atraer el talento y la investigación que se requiere para diagnosticar el problema de la inseguridad y para proponer soluciones integrales de la mano de la colaboración académica y de grupos multidisciplinarios”.

Las situaciones de delincuencia en las universidades no son una cosa reciente o de este año. El 21 de febrero, un hombre fue asesinado dentro de su auto estacionado afuera de la Preparatoria 8 de la UNAM, en la colonia Lomas de Plateros, en la delegación Álvaro Obregón. Un día después, una maestra de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán fue asesinada cuando salía del estacionamiento de la institución. Al día siguiente, el 23 de febrero, murieron dos personas en un tiroteo que se dio presuntamente por el control de un centro de distribución dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria.

Y estos hechos se suman a lo que ha estado sucediendo desde tiempo atrás. “El año pasado se detuvo a una persona por narcomenudeo, fuera del campus universitario, precisamente para evitar este tipo de señalamientos en relación a la autonomía universitaria. Fue muy claro que no fue una cuestión de investigación, fue algo fortuito, porque además todo indicaba, o apuntaba, que el centro de operaciones de esta persona era el auditorio Justo Sierra o Ché Guevara, que está tomado desde hace tiempo y no necesariamente por universitarios”, cuenta Erubiel.

Los problemas de seguridad dentro de las universidades públicas corresponden al ámbito local, a las fuerzas de seguridad de la ciudades en las que se encuentran, y son temas que se deberían resolver con esquemas internos. Un convenio como el que se acaba de firmar por la Asociación Nacional de Universidades y la Secretaría de Gobernación, podría responder más a un “esquema de control y de represión en su momento”.

El académico y especialista en seguridad señala que “hay una doble moral. Este convenio de la Secretaría de Gobernación es totalmente un acto de hipocresía pública por parte de las autoridades y obviamente también un una estrategia para lavarse la cara por parte de las universidades públicas”.

Para la realización de este artículo se buscó –en distintas ocasiones– la opinión directa de la ANUIES y de la Universidad Autónoma de México, sin embargo, la Coordinación de Comunicación Social no dio una respuesta y en la segunda no quisieron comentar al respecto.

Habrá que estar atentos a la implementación de los esquemas de seguridad de este convenio que podría permitir la entrada de cualquier fuerza pública a los recintos educativos. La memoria nos permite recordar qué fue lo que pasó hace 50 años cuando el ejército entró a Ciudad Universitaria.