En la que puede ser considerada la “foto oficial de la captura”, se mira a Javier Duarte (ex gobernador de Veracruz y hasta el pasado 15 de abril prófugo de la ley) bastante desconcertado. Quizá pensó que jamás caería el cerco de impunidad que lo mantuvo libre por seis meses y un día, después de que le fue dictada orden de aprehensión. La captura se realizó en un hotel cinco estrellas, la Riviera de Atitlán ubicado en Guatemala. Duarte y su familia ocupaban una discreta habitación, seguro de lujo, independiente al hotel, el cual se encuentra en las proximidades del lago Atitlán, un lugar popular ubicado en el centro turístico del país centroamericano. Sorprende que la captura del ex gobernador se haya realizado en una de las semanas de mayor afluencia turística al municipio de Panachajel, departamento de Sololá Guatemala. Más allá de insistir en que la clave para la captura fue el seguimiento policiaco a la familia Duarte, vale preguntar quién o quiénes dejaron de proteger al prófugo de la justicia en su huida por Belice, Guatemala y Costa Rica.
La versión oficial de la PGR fue un escueto boletín en el que se señaló que la detención fue resultado de las investigaciones realizadas por el gabinete de seguridad de México con el apoyo de la oficina Central de INTERPOL en Guatemala.
https://twitter.com/PGR_mx/status/853434559500779520
El monto de los recursos desviados por Javier Duarte durante su gestión ascienden a la fabulosa cantidad de 4 mil 600 millones de pesos. Una negra historia de corrupción que se inició cuando en enero del año 2012 dos integrantes de su equipo de seguridad, Miguel Morales Robles y Saíd Sandoval fueron capturados en el aeropuerto de Toluca al arribar en un vuelo procedente de Xalapa con 25 millones de pesos en efectivo. Era sólo el principio, en octubre de 2016, la Auditoría Superior de la Federación promovió 47 denuncias penales al detectar en la cuentas públicas del gobierno de Veracruz en el periodo que va del 2011 al 2014, un presunto daño patrimonial por 12 mil millones de pesos.
La danza de las cifras es alucinante, la deuda pública del estado ronda los 45 mil millones de pesos y “otros adeudos” suman 100 mil millones de pesos más.
La ingeniería financiera utilizada por Duarte y sus colaboradores, una verdadera red de servidores públicos corruptos organizada para el desfalco, el fraude y el desvío de recursos, utilizó empresas falsas. El Sistema de Administración Tributaria ya identificó 33 empresas empleadas como fachada para el lucro. A estas empresas el gobierno veracruzano otorgó contratos por 3 mil 300 millones de pesos.
Además la falta de pagos a proveedores de la Universidad Veracruzana por 2 mil 470 millones de pesos, puso en riesgo el funcionamiento de la institución. Quizá el capítulo más negro de la historia de corrupción de Javier Duarte se dio previo a su gobierno, cuando fue secretario de Finanzas en el gobierno de Fidel Herrera, su antecesor, con quien posiblemente mantuvo una profunda alianza política y presumiblemente de negocios. El actual gobierno de Veracruz denunció a Duarte y Herrera ante la PGR en enero de este año por la compra de medicamentos falsos para el tratamiento de cáncer en niños enfermos.
La red criminal establecida por Duarte era extensa, actualmente se encuentran detenidos y sujetos a proceso, el ex secretario de Finanzas, Mauricio Audirac; el ex secretario de comunicaciones, Francisco Valencia García y el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. Flavino Ríos, quien ocupó la gubernatura de Veracruz de manera interina, después de que Duarte pidió licencia al Congreso Local, se encuentra también detenido, sujeto a proceso por tráfico de influencias y abuso de autoridad. Se le acusa de haber facilitado la huida de Duarte a bordo de un helicóptero con matrícula oficial.
Hay más, mucho más. Al gobierno de Duarte se le suman más de dos mil desapariciones y la presencia del crimen organizado en la entidad, el cual se extiende por distintos municipios del norte del estado donde mantiene un control económico y político.
La crisis política en México es evidente el “otro” Duarte en Chihuahua también prófugo de la justicia; Borge en Quintana Roo, Guillermo Padrés en Sonora; ex gobernadores como Tomás Yarrington acusados por jueces de Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado, el procurador de justicia de Nayarit detenido por ser el presunto líder de una organización de narcotráfico (al tipo lo llamaban "El Diablo").
https://www.youtube.com/watch?v=W1OBb4LqYgY