Después de la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, ícono del liberalismo y la justicia por los derechos de las mujeres y la protección del medio ambiente, ocurrida el pasado 18 de septiembre, la pregunta giraba en torno a ¿quién podría ocupar dicho vacío?, y sobre todo, ¿qué representaría esa nominación para el futuro del balance de poderes en Estados Unidos? La respuesta fue Amy Coney Barrett, una mujer de ideas muy conservadoras.

Barrett es la tercera nominación a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que hace el presidente Donald Trump en los últimos cuatro años. Primero fue Neil Gorsuch en 2017 y le siguió Brett Kavanaugh, en 2018. Ambos de corte conservador.

La nueva propuesta al máximo órgano del poder judicial es una jurista de 48 años y raíces conservadoras, procedente de una familia del sur estadounidense. Nació en Louisiana y creció en un suburbio de Nueva Orleans. Y tiene solo tres años como jueza federal de apelaciones, luego de que en 2017 el mismo Trump la eligió para la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito con sede en Chicago.

El primer juez nominado de Trump ocupó la vacante que dejó por un año el juez Antonin Scalia, por cierto mentor de Barret, y el segundo fue para cubrir el retiro del juez Anthony Kennedy. Las incorporaciones de Gorsuch y Kavanaugh sin demora fueron posibles gracias a la mayoría que el partido Republicano tiene en el Senado, con 53 asientos frente a 45 de los demócratas, lo que le permite avalar las propuestas presidenciales sin dificultad ni reparo.

El pasado sábado 26 de septiembre, que el presidente nominó a la jueza federal de apelaciones Barret para suceder a la icónica feminista jueza Bader Ginsburg, la elogió como “una mujer de logros sin paralelos, un gran intelecto, excelentes credenciales y una firme lealtad hacia la Constitución.”

Un artículo de The Economist describe a Barret como la mejor estudiante de la facultad de derecho en la prestigiosa Universidad de Notre Dame y cita palabras del fallecido juez Scalia quien aseguró que fue “la mejor estudiante que jamás haya tenido”. Fue su secretaria en la Corte a fines de la década de 1990, y en aquel tiempo se ganó el apodo de Conenator, una mezcla de su segundo nombre con Terminator, por su perspicacia legal y lógica para destruir a oponentes.

Antes de estudiar leyes y matricularse como la primera de su promoción en 1997, con un Juris Doctor summa cum laude en la Facultad de Derecho de Notre Dame, se graduó en literatura inglesa por Rhodes College, en 1994, con una licenciatura magna cum laude que se da a un rendimiento académico muy destacado y obtuvo también una membresía de honor de la sociedad Phi Beta Kappa, grupo académico estadounidense que promueve la excelencia en las humanidades y las ciencias.

La jueza Barret ha mantenido su línea conservadora a lo largo de los años. En materia de derechos armamentísticos, en 2019, discrepó en solitario a la mayoría del Séptimo Circuito, en una decisión para prohibir a delincuentes condenados el poder portar armas, aludiendo al derecho refrendado en la Segunda Enmienda. “Sostener que la prohibición es constitucional … no pone al gobierno a prueba, sino que trata la Segunda Enmienda como un derecho de segunda clase”, señaló entonces al asegurar en su interpretación de que el derecho de prohibir las armas debe aplicarse a personas peligrosas y no por su condición de delincuentes.

De izquierda a derecha: Breyer, Gorsuch, Thomas, Sotomayor, Roberts, Kagan, Ginsburg (R.I.P.), Kavanaugh y Roberts.

En materia migratoria se posicionó en contra de una sentencia que bloqueó el decreto de Trump que pretendía negar tarjetas de naturalización (green cards) a los inmigrantes que solicitan los beneficios de asistencia pública del gobierno.

A diferencia de las nominaciones en el Congreso, que duran un periodo de tiempo limitado -seis años para el Senado y dos para la Cámara de Representantes, con posibilidad de reelección-, las personas asignadas a una silla en la Suprema Corte fungen de manera vitalicia y solo pueden ser destituidos por un proceso de impugnación del legislativo.

Actualmente el ala conservadora la integran Brett Kavanaugh, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, John G. Roberts Jr. y Samuel Anthony Alito Jr. (5) mientras que Steven G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (3) representan al ala liberal, de acuerdo a Axios.

Si la jueza Barrett es ratificada volcará de manera inequívoca al máximo tribunal a favor de la agenda republicana, al consolidar una mayoría conservadora de 6 a 3. Incluso se han encendido alarmas de que su llegada podría impulsar cambios radicales y hacer retroceder derechos de los estadounidenses en atención médica, voto, control de armas, población LGBTTTI, protección de inmigrantes, cambio climático, e incluso en revocar la histórica legalización del aborto, que data de 1973.

El papel de la Suprema Corte a la hora de dictaminar una contienda electoral puede ser fundamental, si llega a esa instancia, para brindar legitimidad al candidato triunfante. Durante las elecciones presidenciales del 2000 entre George H.W Bush y Al Gore, el máximo tribunal se pronunció dictando una sentencia Bush v. Gore que dio la victoria al candidato republicano. Gore al final aceptó la sentencia en aras de asegurar la transferencia pacífica de poder.

Para estas elecciones, Trump ha criticado ampliamente el protocolo electoral asegurando que el sistema de boletaje por correo es un intento de “fraude” del Partido Demócrata, y afirma que este en realidad no funcionará. Y hasta aseguró que, en su opinión, los comicios terminarán en la Suprema Corte. “Creo que es muy importante que tengamos nueve ministros”, sentenció.

Ello significa, que la nominación de la jueza Amy Coney Barrett, en caso de que el presidente decida no aceptar una derrota en las urnas, puede convertirse en pieza clave para definir las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.

Y no solo esto. En días recientes, Trump ha dejado en el limbo si concederá una transferencia pacífica del poder, en caso de ser él quien pierda la contienda por la presidencia. Cuestionado en conferencia de prensa sobre si estaría dispuesto a comprometerse a una transición pacífica, respondió con un “ya veremos”.

A partir de esa declaración, los pronunciamientos en contra no se hicieron esperar, incluso de miembros de su partido. Fue el caso del senador Mitt Romney, republicano por Utah y excandidato presidencial, quien consideró que esas declaraciones del presidente son “impensables e inaceptables”.

Dado el alto grado de polarización que se prevé para los comicios presidenciales, un escenario en el cual se pueda poner en duda la transferencia de poder puede tener efectos negativos para la democracia en Estados Unidos.

Lawrence Douglas, profesor James J. Grosfeld de Derecho, jurisprudencia y pensamiento social en la Universidad de Amherst en Massachussets, en entrevista con Vox aseguró que, en caso de que Trump decida no aceptar el resultado de la contienda, por decreto del Acta de Sucesión Presidencial de 1947, la vocera de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi podría convertirse en presidenta, en caso de que decida renunciar a su cargo actual.

Sin embargo, advirtió, que en caso de que Trump se obstine en desconocer un resultado adverso para él y mantener un impasse político, el riesgo es que se podrían llegar a enero con dos personas buscando legitimarse como presidentes del país.