Este martes 28 de enero, en la embajada de Chile en México, varios defensores de derechos humanos presentaron al embajador de ese país 15 mil 702 firmas que forman parte de la petición el “Estado Chileno debe garantizar la vida e integridad física del Juez Daniel Urrutia”, que se inició en la plataforma change.org y que contó con la participación entre otros de Rodolfo Domínguez, Atziri Ávila y el actor Daniel Giménez Cacho.

El Juez Daniel Urrutia se ha caracterizado por su defensa de los derechos humanos, ha sido crítico de las violaciones que se cometieron en el país andino durante la dictadura de Augusto Pinochet, por lo cual, ha estado bajo ataques y hostigamiento de actores políticos identificados con la derecha, además de investigar las violaciones a los derechos humanos que han sufrido activistas en las protestas que han tenido lugar en Chile desde mediados de octubre del año pasado.

A raíz de todo esto, ha enfrentado amenazas de muerte y hostigamiento en redes sociales, principalmente Twitter en las que exigen su destitución, además de campañas de difamación y agresiones que ponen en peligro su actuar profesional y su vida.

Sus problemas iniciaron a partir de 2004. El 8 de abril de ese año la Corte Suprema le concedió un permiso “para asistir a un diplomado sobre derechos humanos en la Universidad de Chile, en Santiago. Como requisito para la obtención del título final del diplomado, el juez Urrutia elaboró el trabajo académico titulado ‘Propuesta de Política Pública de Introducción del Enfoque de Derechos Humanos en el Trabajo del Poder Judicial de la República de Chile’, el cual, con fecha 30 de noviembre de 2004, remitió a la Corte Suprema de Chile. En dicho documento propuso a nivel académico, el enfoque de los derechos humanos al trabajo del Poder Judicial de manera coherente con las normas constitucionales nacionales y las exigencias derivadas del sistema internacional de protección de Derechos Humanos, sugiriendo algunas medidas realizables sin necesidad de reformas legales”.

En dicho trabajo “presentó propuestas de acción a cargo de la Corte Suprema, como la de reconocer las conclusiones del Informe de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación y del Informe de la Comisión Nacional contra la Tortura; realizar una petición de perdón público a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y a los funcionarios que por razón de su pensamiento político fueron expulsados de la judicatura; y refrendar un compromiso claro con las garantías de no repetición.” Además de criticar el actuar de la Corte Suprema durante el régimen militar chileno.

A raíz de ese trabajo de postgrado, el 31 de marzo de 2005 la Corte de Apelaciones de la Serena le sancionó con la medida disciplinaria de “censura por escrito” y el 6 de mayo de 2005, la Corte Suprema redujo la sanción a una “amonestación privada”.

Desde ese momento, su defensa de los derechos humanos se incrementó, al igual que el hostigamiento y amenazas en su contra, hostigamiento que ha alcanzado niveles insospechados y que prácticamente constituyen una persecución de Estado.

¿Quién es Daniel David Urrutia Laubreaux?

Es licenciado en Derecho, egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Se desempeña como Juez de Garantía y defensor de los derechos humanos que se ha pronunciado en casos contra funcionarios del Estado Chileno, Carabineros y personal de la administración pública. Desde que inició su carrera como Juez, ha dictado sentencias con un claro enfoque a la defensa de derechos humanos, tales como derecho de voto de personas en prisión preventiva, derechos de los adolescentes en prisión preventiva y el derecho a la libertad de reunión y asociación, entre otros.

Debido a la persecución judicial por sus fallos que ha sufrido en su país natal, se autoexilió en México de 2009 a 2012. En México laboró como Asesor “C” de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal.

Es docente de la Fundación Henry Dunant Latinoamérica en los diplomados de Derechos Humanos, Sistema Penitenciario y Políticas Públicas y Derechos Humanos, Transparencia y Políticas Públicas.