29 DE ABRIL 2021

Tras la tragedia de la Covid-19, la esperanza por la generación de vacunas al cierre del 2020 significó un alivio para el mundo por los avances de la ciencia y el ingenio humano, y por la rapidez con la que fueron creadas por al menos ocho grandes empresas globales.

Millones de vidas se habrían salvado si se hubiera creado una vacuna en menos de un año durante la Pandemia de 1918, la Peste Negra en el siglo XVII o la Viruela en el Siglo XVII, que golpearon al mundo por décadas e incluso de generaron rebrotes aún cientos de años después.

Pero los reclamos de propiedad intelectual y la negativa de las farmacéuticas y gobiernos de países desarrollados para liberar las patentes, nos regresó a la realidad de un mundo desigual y neoliberal, donde la mayoría de las empresas pertenecen a países ricos y con el falso discurso de invertir en innovación e investigación se niegan a los llamados urgentes de gobiernos, expertos y sociedad civil por el actual y letal problema de disposición, acaparamiento y distribución de las vacunas.

“Si el mundo no estuviera bloqueado por reclamos de propiedad intelectual, podríamos movilizar colectivamente suficiente capacidad de producción para fabricar vacunas e inocular a todos: el 60% del mundo este año y todos los que quieran una vacuna para fines de 2022, de acuerdo con estimaciones”, de acuerdo con la revista The Economist.

El texto de la revista británica señala que solo en Estados Unidos, seis compañías de vacunas han recibido aproximadamente 12 mil millones de dólares de dinero público. Además —aunque hay poca transparencia— se estima que el desarrollo de la vacuna AstraZeneca / Oxford fue financiado con fondos públicos en un 97 por ciento.

Pero además, las farmacéuticas privadas recibieron dinero de los impuestos de los ciudadanos del mundo a través de sus gobiernos, vía subsidios y las compras anticipadas redujeron el riesgo de inversión las empresas y aseguraron que las más exitosas fueran ampliamente recompensadas.

Las autoras del texto, las economistas Mariana Mazzucato, Jayati Ghosh y Els Torreele, especialistas en políticas públicas de Estados Unidos e Inglaterra son parte de la “Alianza de Vacuna del Pueblo” (http://peoplesvaccine.org), una coalición de organizaciones y activistas con el objetivo común de promover una vacuna sin patente, respaldada por dirigentes y exdirigentes mundiales, especialistas en salud, dirigentes religiosos y economistas.

Pocos medios de México y el mundo han dado voz a la “Alianza de Vacuna del Pueblo” y sus organizaciones aliadas y sólo informan de los avances de las vacunación en el mundo y en México, sin cuestionar el desabasto y la falta de respuesta de gobiernos y empresas de la industria farmacéutica.

Desde noviembre de 2020, organizaciones como Amnistía Internacional, Frontline AIDS, Global Justice Now y Oxfam, utilizaron datos recopilados por la empresa de información y análisis científicos Airfinity, sobre los acuerdos alcanzados entre países y las ocho primeras vacunas candidatas y hallaron que 67 países de ingresos bajos y medianos bajos podrían quedarse atrás, mientras los países ricos avanzan en resolver la pandemia.

A mediados de abril, legisladores federales y líderes sindicales, de salud pública y defensa de los consumidores y 90 premios nobel, entregaron dos millones de peticiones a la Casa Blanca en las que instan al presidente Joe Biden a sumar su gobierno al de otras 100 naciones que están a favor de suspender las protecciones que otorga la Organización Mundial de Comercio (OMC) a las empresas farmacéuticas para controlar la fabricación y distribución de las vacunas anti COVID-19.

Heidi Chow de Global Justice Now afirmó que las grandes empresas farmacéuticas e instituciones de investigación que están trabajando en una vacuna deben compartir los conocimientos tecnológicos y la propiedad intelectual, relativos a su vacuna, para que se puedan producir suficientes dosis seguras y efectivas. “Los gobiernos deben asimismo garantizar que la industria farmacéutica anteponga la vida de las personas a los beneficios”, dijo.

Dado que la mayoría de las vacunas se producen en unos pocos países ricos y la gran mayoría del mundo sigue sin protección, es probable que la pandemia se prolongue a menos que se supere esta disparidad. Además, las nuevas mutaciones del virus pueden amenazar el limitado progreso hasta ahora para contener la enfermedad, señalan Mazzucato, Ghosh y Torreele.

El principal argumento de las empresas farmacéuticas es que manipular los derechos de propiedad intelectual socavará la innovación futura y que necesita estos monopolios del conocimiento para recompensar las inversiones y los riesgos.

Pero las autoras les responden: a) las patentes erigen barreras contra los competidores cuando lo que se necesita es cooperación tecnológica; b) Los derechos de propiedad intelectual nunca fueron diseñados para su uso durante las pandemias; c) Se han creado excepciones generales en el pasado, como la producción de penicilina durante la Segunda Guerra Mundial; d) La investigación y desarrollo en el caso del ébola sólo se pudo lograr gracias a una gran inversión pública y liderazgo, no sólo a las soluciones científicas privadas.

Si las fabricantes de vacunas que han generado ya productos exitosos, han superado su inversión y obtenido ganancias inimaginables, ¿por qué no comparten esa tecnología para que otras farmacéuticas del mundo puedan producir cientos de millones de dosis, si se les proporciona el conocimiento?

Si se compartiera la tecnología, esos fabricantes podrían producir dosis rápidamente, tal como lo hicieron Moderna y Pfizer en 2020. Esto haría que más personas se vacunaran en más países y también menos dependencia a las potencias y al control monopolístico de las tecnologías críticas para la salud pública. No puede justificarse en una emergencia mundial, añaden Mazzucato, Ghosh y Torreele.

Algo similar ya sucedió a finales de marzo pero para el tratamiento a enfermos de COVID-19. El diario El Economista informó que en México uno de los medicamentos más efectivos contra la COVID, Remdesivir, fue liberado para que otros laboratorios puedan generar licencias de forma voluntaria y lo puedan fabricar.

A inicios de abril, Médicos Sin Fronteras llamó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para tratar el tema en la ronda de conversaciones ante el Consejo de los ADPIC (Acuerdos de Propiedad Intelectual), la cual se realizó a mediados de abril y fue negada por los país ricos.

¿Qué pedían? una exención temporal a determinados derechos de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías contra la COVID-19 hasta que se alcance la inmunidad colectiva.

¿Quiénes se negaron? Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y los de los países de la Unión Europea (entre otros), bloquearon la petición de una histórica exención de la Propiedad Intelectual (PI) durante la pandemia.

La presión había iniciado antes con el llamado de atención de la ONU a los líderes del mundo a finales de febrero para un acceso justo y equitativo a las vacunas. Su secretario general Antonio Guterres señaló que las vacunas contra el coronavirus deben considerarse un bien público mundial, por ello, el mundo necesita unirse para producir y distribuir suficientes vacunas para todos.

Esta rigidez ante una catástrofe muestra la cara de la desigualdad y la globalización en el peor momento de la humanidad en los últimos 100 años. No quieren que se controle la pandemia en todo el mundo de forma equitativa, sino primero en su territorio con la consecuencia de millones de vidas perdidas que quedarán en la historia como el “apartheid de las vacunas”, otra catástrofe moral y de desigualdad.

A inicios de 2021, el historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari realizó un balance de la pandemia a un año de su inicio en el diario Financial Times que cuestionó a la mayoría los políticos del mundo: aunque las epidemias ya no son fuerzas incontrolables de la naturaleza y la ciencia los ha convertido en un desafío manejable, la causa de tanta muerte y sufrimiento es por malas decisiones políticas.

*Alejandro Cárdenas es Director General de Ibero 90.9 y profesor del departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.