Habitantes desalojados de “La Pedrera” recurrirán a instancias federales
En una audiencia el miércoles 4 de septiembre, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la juez titular declaró legales los actos de desalojo de la fiscalía regional contra los pobladores de “La Pedrera”.
El 30 de noviembre del año pasado, la fiscalía del gobierno de Alfredo Del Mazo, desalojó a los pobladores de sus hogares en el predio ubicado en el Pedregal de Atizapán. De acuerdo al abogado de las familias, Antonio Lara Duque, fueron expulsados de sus hogares por agentes policiales “a punta de pistola y con disparos al aire”.
El desalojo se llevó a cabo tras la denuncia de la inmobiliaria Expectras, que reclamó que los habitantes se encontraban en violación de su derecho de posesión de aquél predio. El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilleros (CDHZL), del cual Lara Duque es director, concluyó que debido al dictamen de la juez a favor de la fiscalía y Expectras, tendrá que recurrir a instancias federales.
Personas desalojadas frente al predio de “La Pedrera”. Foto: Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Las familias desalojadas, conformadas en la asociación civil Alianza Única del Valle (AUV), viven en situación de calle hace nueve meses en hogares hechizos junto a la entrada del predio que antes habitaban y que ahora está cerrado por sellos con la leyenda: “ASEGURADO”, colocados por la fiscalía de Tlalnepantla de Baz que bloquean la puerta.
De manera colectiva a través de la AUV, los pobladores de “La Pedrera” son parte del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que recibieron amenazas luego de que el 29 de mayo de 2018 presentaron ante la PROPAEM, autoridad ambiental mexiquense, una denuncia por la destrucción de un cerro vecino.
Expectras, la empresa inmobiliaria que llevaba a cabo dicha destrucción, que fue declarada ilegal por la PROPAEM, ha sido el objeto de investigaciones periodísticas por corrupción asociadas a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Javier Duarte, así como fraudes fiscales en EUA.
Foto: Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Ocho días después de la denuncia que presentó la AUV ante las autoridades ambientales, el abogado José Francisco Caballero Aguilar colocó una denuncia de hechos ante la fiscalía regional a nombre de la inmobiliaria. En ésta se reconoció que el predio de “La Pedrera” estaba habitado, lo que violaba el derecho de posesión de Expectras. No obstante, las familias viven en aquél predio desde 2006. En 2016 iniciaron un litigio civil con Nacional Financiera (NAFINSA) para adquirir la propiedad y desarrollar vivienda social. Una solicitud de transparencia a NAFINSA comprueba que a pesar del supuesto contrato de venta que presentó Expectras a la fiscalía en 2018, el predio nunca fue vendido.
El abogado Lara Duque afirma que los habitantes del predio desalojado se convirtieron en víctimas de hostigamiento y ataques del Estado como consecuencia de haber defendido sus derechos ambientales frente a un capital privado, que los intereses están ligados.
La fiscalía regional negó haber obrado por órdenes de alguna empresa privada cuando desalojó a los pobladores. El área de comunicación del gobierno estatal de Alfredo Del Mazo también niega responsabilidad en los hechos afirmando que si la denuncia realizada por Expectras fue ratificada por un juez, la fiscalía y la policía estatal deben seguir las órdenes de éste. Sobre el litigio civil, afirman que es un asunto entre la AUV y Nacional Financiera.
