**Desde 2014, la sociedad civil se manifiesta para exigir justicia y verdad de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Vía Posta.**

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa salieron de su casa para no volver jamás. A cuatro años de lo ocurrido, la sociedad mexicana recuerda el evento con sentimientos encontrados. Por un lado, la impunidad e indiferencia del Estado mexicano para resolver el caso, y por el otro la reivindicación del uso de la fuerza contra el vandalismo. En ambos casos, la memoria de los cuarenta y tres sirve para tener presente la grave realidad de la desaparición forzada en México.

La tragedia

La Escuela Raúl Isidro Burgos ubicada en el municipio guerrerense de Ayotzinapa, tiene una larga tradición de formación disidente. En un contexto donde el analfabetismo y la pobreza son predominantes, de sus aulas se formaron los destacados guerrilleros de los sesentas Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. Dicha disidencia responde a es una lucha en contra de la desigualdad que existe en el país, y en contra de los grupos de poder que oprimen a los pobres. Cuarenta años después, la formación de profesores normalistas continúa, no sin una visión radical de la realidad del país.

Aquel viernes de septiembre, los estudiantes se disponían a viajar a la Ciudad de México, con motivo de la conmemoración de las víctimas de las matanzas de Tlatelolco, perpetradas por el gobierno mexicano bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Para llegar a su destino, los estudiantes expropiaron autobuses de la central de Iguala. Esto no era ninguna novedad, pues cada año repetían el procedimiento. Fue cuando comenzó la tragedia: la policía municipal persiguió y disparó a los estudiantes, y en su carrera por sobrevivir cayeron en las garras del grupo de crimen organizado Guerreros Unidos. Este último, coludido con autoridades de la localidad.

Para un país como México, la magnitud de este suceso es menor comparado con muchas otras violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el encubrimiento del gobierno, la impunidad y el simbolismo son lo que lo hicieron algo tan destacado.

La mala actuación del gobierno

Más de un mes tardó el gobierno federal para tomar cartas en el asunto. La primera acción concreta, fue la captura del presidente municipal, Jose Luis Abarca, y su esposa. Poco a poco los medios de comunicación dieron a conocer los esfuerzos por investigar el caso, con la intención de descubrir cuál fue el paradero de los 43 estudiantes. Fue la Procuraduría General de la República (PGR), máxima instancia de persecución de delitos en México quien asumió la investigación.

A inicios de noviembre de 2014, el titular de la PGR, el procurador Jesús Murillo Karam, presentó ante medios y sociedad la conocida “verdad histórica”. En conclusión, se responsabilizaba a autoridades municipales y a grupos criminales el secuestro, asesinato y posterior incineración de los 43 estudiantes desaparecidos. Esta versión parecería dar con el clavo del asunto.

“Los mataron, no hay nada más que podamos hacer”.

Sin embargo, especialistas en temas jurídicos, en peritaje y en investigación, encontraron lagunas suficientes para descalificar dicho pronunciamiento. Incluso, el gobierno mexicano entorpeció otras investigaciones, desde la proveniente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como aquellas realizadas por periodistas e investigadores independientes. El gobierno mexicano empezó a inventar pruebas y a contradecir su propia versión.

Posturas difíciles de conciliar

A cuatro años, diversas voces opinan respecto a lo ocurrido con los estudiantes normalistas. Están aquellos que consideran que sus actos iniciales fueron incorrectos: robar autobuses para ir a una manifestación, constituye en sí algo ilegal. Sin embargo, es importante matizar que por más ilegales que fuesen sus actos, la desaparición forzada nunca es equivalente. En su informe de México 2017/18, Amnistía Internacional reporta que tan solo en los últimos años se desconoce el paradero de casi 35 mil personas, y esto de acuerdo con las cifras oficiales, que excluyen “casos federales anteriores a 2014” y aquellos que se clasifican de manera diferente.

México tiene una fuerte crisis de desaparición forzada. Vía El Horizonte.

México enfrenta una grave crisis de violencia que año con año se agrava, y la memoria de los 43 desaparecidos es parte de la exigencia en el presente para cumplir con la necesitada justicia transicional. La búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación de los daños se vuelve importante, y ese será uno de los retos que la nueva administración tendrá que continuar enfrentando.