El refrán dice: “el tiempo vuela como el viento”… Fin de clases en la UNAM, cierre de curso de verano en la Ibero, evaluación de trabajos finales, la eliminación de la selección de México de Rusia 2018, pero lo mejor de todo, es que la democracia ganó en México.

En la pasada columna manifesté mi incertidumbre y, por qué no decirlo, mi miedo ante un panorama electoral plagado de acusaciones, imputaciones, denuncias de corrupción entre las y los candidatos a los diferentes puestos de gobierno en nuestro país y demás. Pero lo que más me escandalizó, fueron los asesinatos cometidos en contra de las y los candidatos de las diferentes instituciones políticas y sus respectivas coaliciones. Un total de 101 candidatos fueron asesinados.

El partido más afectado fue el PRI y el estado con mayor índice de homicidios fue Guerrero, con 20 asesinatos. Estos crímenes se ejecutaron en contra de candidatos, precandidatos, aspirantes, exfuncionarios, líderes de partidos y servidores públicos en activo —siendo la mayoría alcaldes—, además de un supervisor del INE. Todo lo anterior en un lapso de nueve meses, previo a las elecciones.

De acuerdo con el recuento publicado por Animal Político, Guerrero es seguido por Oaxaca, donde se cometieron 17 asesinatos y en Puebla 10. Al parecer, la mayoría de los homicidios fueron cometidos por células del crimen organizado y en en algunos, aún se desconoce el móvil. Sobre la filiación política, el PRI tuvo más víctimas, con 37 casos (32 hombres y cuatro mujeres), seguido por el PRD con 17 y Acción Nacional con 10. Dos candidatos independientes también fueron ultimados.

De entre las víctimas femeninas afiliadas al PRI, estuvieron Pamela Terán de Oaxaca, Rosely Danilú Magaña, en Isla Mujeres, Quintana Roo; Dulce María Rebaja Pedro de Chilapa, Guerrero y Cecilia Viridiana Cruz Díaz de Huehuetoca, Estado de México. Se presume que los dos últimos crímenes fueron feminicidios, pues en el caso de Cruz Díaz, su pareja sentimental ya fue detenida por las autoridades. En tanto que Juana Irais Maldonado y Erika Cázares del Partido Verde Ecologista, fueron ultimadas a balazos en Jopala, Puebla. Hasta la fecha no hay sospechosos ni detenidos.

Foto vía: Wall Street International Magazine

De acuerdo con las declaraciones del actual secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, los asesinatos de candidatos a algún puesto de elección popular no están vinculados a razones ideológicas ni a la competencia político-electoral. Asimismo aseguró que entre las causas de estos homicidios están las disputas de la delincuencia organizada y temas de índole personal y familiar.

Si tomamos en cuenta las declaraciones del secretario de Gobernación, en el sentido de que este tipo de agresiones y crímenes contra candidatas no están relacionados a razones ideológicas, ni a la competencia político electoral, pero sí a motivos de índole personal o familiar, ¿por qué entonces va en aumento la violencia política contra las mujeres?

Para la politóloga y feminista Georgina Cárdenas, la discriminación y violencia por estereotipos y roles de género aún permean en el imaginario colectivo que se manifiesta, no solo en la relaciones del entorno familiar y laboral, sino además, por lucha de poder político relacionado con la violencia feminicida. Tal fue el caso de Antonia Jaimes Moctezuma del PRD, quien aspiraba a un cargo de elección popular en el municipio de Chilapa. O el caso de la actual gobernadora de Sonora, recién electa, Claudia Pavlovich Arellano, quien tuvo que enfrentar una campaña denostadora, basada en la discriminación por ser mujer.

Debido a este y otros tipos más de violencia que se ejercen en contra de las mujeres, el año pasado se elaboró el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 2017, publicado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Dicho protocolo fue concebido por legisladoras de diferentes partidos políticos, así como por diversas instituciones como el Instituto de la Mujer, la CONAVIM de Gobernación, el INE, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral y, en especial, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Sin embargo, el protocolo aún no entra en vigencia, pues es una de las asignaturas pendientes que tienen las y los candidatos electos del Congreso de la Unión.

El mencionado protocolo nos refiere ciertos elementos para comprender la violencia política contra las mujeres en razón de género: La Recomendación General 19 de la CEDAW afirma que la violencia contra las mujeres es “una forma de discriminación que inhibe gravemente su capacidad de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”. El origen de dicha discriminación se encuentra en las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. La diferencia sexual y reproductiva entre unos y otras se ha traducido en una relación de poder que otorga la creencia de que el género/sexo masculino tiene mayor jerarquía. Esto ha configurado un orden social conocido como sistema patriarcal, cuya premisa básica descansa en la supuesta superioridad de los varones, con sus correspondientes privilegios, frente a la inferioridad de las mujeres.

Patricia Mercado. Foto vía: Gobierno de Colima

De acuerdo con Evangelina García Prince —se lee en el protocolo—, el orden de género estructura las identidades, relaciones, tareas y posiciones de lo femenino y lo masculino en las instituciones, las organizaciones, los grupos y la subjetividad personal. Dentro de este sistema, los géneros se construyen como identidades excluyentes, siendo lo más destacable la asignación de los hombres al espacio público-político y de las mujeres al espacio privado-doméstico.

Por esta y otras razones es que varias legisladoras, representantes de organizaciones civiles, instituciones políticas y de gobierno, defensoras de derechos humanos, académicas e investigadoras, presentaron propuestas para tipificar el delito de violencia política por razón de género. Propuesta que quedó como tarea pendiente para su aprobación en la Cámara de Diputados con las ya electas diputadas y senadoras.

Por lo pronto, el Senado quedó integrado por 65 mujeres y 63 hombres. Sin embargo, esto no significa que todas las senadoras electas garanticen o apoyen la paridad de género. Pero quienes sí se comprometieron a cabildear la agenda feminista fueron Patricia Mercado Castro y Martha Angélica Tagle Martínez, ambas del Partido Movimiento Ciudadano.

Martha Angelica Tangle Martínez vía: Senado de la República

Mercado Castro se comprometió a seguir luchando por “el derecho a decidir de las mujeres, en todo lo que esto significa, todas las políticas, las reformas legislativas, la inversión presupuestal que necesitamos para que las mujeres de verdad puedan decidir sobre su cuerpo, sobre su vida”.

En tanto que Martha Angélica Tagle, se pronunció a favor de frenar la violencia de género en sus múltiples manifestaciones desde el acoso, la violencia sexual y política, hasta el feminicidio: “Tenemos que hacer una revisión y rediseño de las políticas públicas en este tema, porque sigue siendo el gran reto: que las mujeres podamos vivir libres de violencia para poder hacer todo lo demás”.